Vivimos tiempos adversos para el país en general, y para el Estado de bienestar en particular, que está viendo cómo la brutal crisis financiera que atraviesamos está haciendo resquebrajarse la fe en el sistema de los políticos y gestores.
En lo que concierne a la Sanidad, es evidente que la situación actual hace imprescindible que el Gobierno adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y dichas medidas pasan por recuperar determinadas competencias hoy transferidas a las CC.AA.
El Gobierno central, y más concretamente el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, debe recuperar no la gestión en sí de la sanidad, que indudablemente debe permanecer en manos de las Comunidades Autónomas, sino una serie de competencias específicas.
Concretamente aquellas que sean imprescindibles para garantizar la equidad, la accesibilidad, la cohesión y la sostenibilidad del sistema sanitario, y más concretamente políticas de recursos humanos sanitarios y políticas de carácter farmacéutico. Asimismo, el Ministerio debe recuperar la autoridad sanitaria.
En lo referido a las políticas de recursos humanos, podemos destacar, por ejemplo, la necesidad de que el Ministerio pueda establecer, con carácter vinculante, unos mínimos ratios de profesionales y especialistas, procurando que los ciudadanos españoles tengan las mismas oportunidades de acceso a especialistas y tratamientos, independientemente de donde vivan. No es de recibo que haya comunidades autónomas con más de 900 enfermeras por cada cien mil habitantes y otras, como Murcia que tan sólo tienen 300.
Es imprescindible que el Ministerio tenga la autoridad necesaria para fijar un ratio mínimo y velar por que se cumpla. Lo mismo ocurre con el tema específico de los especialistas médicos y enfermeros.
En lo que concierne a la Sanidad, es evidente que la situación actual hace imprescindible que el Gobierno adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y dichas medidas pasan por recuperar determinadas competencias hoy transferidas a las CC.AA.
El Gobierno central, y más concretamente el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, debe recuperar no la gestión en sí de la sanidad, que indudablemente debe permanecer en manos de las Comunidades Autónomas, sino una serie de competencias específicas.
Concretamente aquellas que sean imprescindibles para garantizar la equidad, la accesibilidad, la cohesión y la sostenibilidad del sistema sanitario, y más concretamente políticas de recursos humanos sanitarios y políticas de carácter farmacéutico. Asimismo, el Ministerio debe recuperar la autoridad sanitaria.
En lo referido a las políticas de recursos humanos, podemos destacar, por ejemplo, la necesidad de que el Ministerio pueda establecer, con carácter vinculante, unos mínimos ratios de profesionales y especialistas, procurando que los ciudadanos españoles tengan las mismas oportunidades de acceso a especialistas y tratamientos, independientemente de donde vivan. No es de recibo que haya comunidades autónomas con más de 900 enfermeras por cada cien mil habitantes y otras, como Murcia que tan sólo tienen 300.
Es imprescindible que el Ministerio tenga la autoridad necesaria para fijar un ratio mínimo y velar por que se cumpla. Lo mismo ocurre con el tema específico de los especialistas médicos y enfermeros.
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